Durante los meses de marzo y abril de 2019, fueron más de 40 000 toneladas de productos tóxicos y peligrosos los que se trasladaron en barco desde Montenegro hasta el vertedero de Nerva, Huelva, Sevilla, sin el debido control ni la aprobación del actual Gobierno de España, pero con el conocimiento de la Junta de Andalucía.

Así lo hicieron conocer Ecologistas en Acción, pues esta acción incumplía con el objetivo de este vertedero, ya que en dicho lugar solo se contempla la entrada de residuos de la comunidad andaluza.

Esta situación generó un descontento por parte de distintas organizaciones que promueven el cuidado del medioambiente en Sevilla y ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a esclarecer lo ocurrido hace dos años y a establecer medidas para evitar la entrada de grandes cantidades de residuos tóxicos que son enviados desde terceros países, los cuales no pertenecen a la Unión Europea.

Así es la propuesta

Para evitar que esto continúe ocurriendo, el Consejo de Ministros anunció la aprobación de una propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el cual lleva por nombre Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 (PEITTR).

Esta información fue divulgada a través de una nota de prensa, en la cual el Gobierno asegura que dicho plan «cumple con las obligaciones comunitarias establecidas en materia de traslado de residuos en el ámbito de sus competencias ejecutivas en esta materia».

Además, en la nota de prensa el Gobierno afirma que este plan servirá como un «instrumento eficaz para fortalecer y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre traslados de residuos mediante inspecciones más eficaces, así como garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente, y favorecer la economía circular».

Por otra parte, aunque la asociación Ecologistas en Acción ven positivo la creación de este plan regulatorio, también indican que se necesita diseñar un informe en el que se evalúe, a profundidad, todos aquellos traslados de residuos tóxicos que no fueron controlados ni inspeccionados de manera efectiva, los cuales provinieron de otros países, desde la ratificación del Convenio de Basilea por el Estado español y, específicamente, el envío de las 40 000 toneladas de origen montenegrino a Nerva.

¿Cuáles serán las acciones?

Sin embargo, todavía no se tiene una respuesta clara por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez sobre cuáles serán las acciones que se tomarán con respecto a la solicitudes de nuevos permisos del país balcánico, emitidas a finales de 2019, a la Junta de Andalucía para el envío de 70 000 toneladas de productos tóxicos.

Esta es la razón por la cual Ecologistas en Acción expresan que todavía existe un descontrol en los traslados transfronterizos de dichos residuos potencialmente peligrosos. «Aún se desconoce si hubo autorización ilícita para trasladar 40 000 toneladas de residuos contaminados desde Montenegro a Nerva en 2019», indicaron.

Por último, según miembros de esta organización, este Plan aprobado por el Consejo de Ministros deja en evidencia que no se han realizado un control efectivo en el traslado de dichos residuos y que existe un «vacío al respecto hasta la fecha», por lo que exigen un mayor seguimiento por parte de las autoridades para evitar que esta situación continúe sucediendo.