Con la puesta en marcha del Plan Remas, Plan de acción para la restauración ambiental y la recuperación de materiales y suelos de zonas degradadas por el vertido incontrolado de residuos, el Gobierno de Andalucía busca convertir vertederos ilegales en recintos dedicados a actividades sostenibles y beneficiosas para el medio ambiente.

La nueva planificación presentada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que ya ha iniciado en 2020, se ejecutará en un período de diez años e intentará poner fin a la inapropiada gestión de residuos que se ha venido realizando hasta ahora. La economía circular y la reutilización serán algunos de los nuevos principios a adoptar.

La inclusión de Andalucía en tres expedientes sancionatorios emanados por la Comunidad Europea, en los que se hace mención a 54 vertederos irregulares, ha motivado a la adopción de nuevas medidas que se ajusten a sus regulaciones referentes a la gestión de residuos, que contemplan procedimientos alternativos y el empleo de instalaciones adecuadas para tal fin.

Con este nuevo proyecto, enmarcado en la llamada Revolución Verde, se consideran como principales objetivos «el desarrollo de trabajos preliminares de limpieza, trasplante de especies arbóreas e instalaciones auxiliares (…) recuperación de los materiales y la estabilización física del vertedero, la cobertura del área de vertido, la protección de taludes o la restauración de la cubierta vegetal».

El análisis de las zonas críticas marcará el inicio de su ejecución. Con ello se dará prioridad a las más perjudicadas o incluidas en los documentos sancionadores emitidos por la Comunidad Europea. El área de Desarrollo Sostenible ya estudia posibles vías para la obtención de los recursos requeridos, así como convenios con los ayuntamientos para dar cierre a los depósitos de basura no permitidos, cuyas tierras podrían servir para instalaciones dedicadas a la producción de energías renovables u otras actividades que beneficien al medio ambiente.

Según los cálculos preliminares, la inversión podría alcanzar alrededor de nueve millones de euros, que en principio serían designados al retiro progresivo del plástico y al cierre de vertederos y recuperación de tierras, como ya ha ocurrido en las provincias de Córdoba y Granada.