La Comisión Europea exige a España mejorar el cumplimiento de las directivas en materia de agua, debido a que los últimos análisis mostrados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) no se están logrando obtener las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), establecidos por las Naciones Unidas para el 2030.

El no cumplimiento de estas directivas supone fuertes sanciones, siendo las principales objetivos a alcanzar son el ODS 6, específicamente el ODS 6.3, el cual propone «reducir un 50 % las aguas residuales sin tratar», ya que en la actualidad solo «el 32 % de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración terciarios».

Debido a esta situación y sabiendo que en un periodo de 30 años de incumplimiento reiterado de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas y de la Directiva Marco CE DM2000, la Comisión Europea (CE), ha realizado llamados de atención a España por la existencia de varias poblaciones de más de 15 000 habitantes que aún no disponen ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas.

En el 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reitero la sentencia condenatoria establecida en el 2011, como consecuencia de que el país seguía sin hacer cumplir las directivas con una adjudicación de multas millonarias que rondan «los 12 millones de euros y más de 11 millones por el incumplimiento en los municipios de Asturias, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias».

Por otra parte, el ODS 6.5 establece que se debe de «conseguir una gestión integral de recursos hídricos a todos los niveles», pero en España existe una marcada variabilidad de tarifas del consumo de agua, dependiendo de la Comunidad en la que residas, donde m3/agua puede incrementarse hasta cinco veces a diferencias en otras comunidades.

En este sentido, existen en algunas Comunidades Autónomas que pueden recuperar el 100 % de los costes del ciclo integral del agua de los consumidores, hay otras que no lo hacen, lo que conlleva el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

El Objetivo ODS 6.6 propone la protección y el restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el recurso agua, por lo que España solo establece 24 €/habitante, lo que representa un 47 % inferior a la media de los países de la Unión Europea, según datos suministrados por la Comisión Europea de 2019.

La solución más ajustada a la realidad es que el gobierno destine para la gestión integral de recursos hídricos unos 1 600 millones de euros, incluyendo nuevas infraestructuras para la reutilización de aguas residuales o estanques de tormentas.

En cuanto a la inversión en medidas estructurales puede estar en torno a los 3 500 millones de euros, los cuales estarían repartidos en más de 190 actuaciones en depuración, donde no solo se lograría cumplir con las normativas europeas sino que beneficiaría a más de 2 100 000 personas unas 900 000 viviendas.

Por último y no menos importante se encuentra la desertificación y la sequía dos problemas que inciden notoriamente en la disponibilidad del agua, según SEOPAN, España es el país con mayor superficie bajo estrés hídrico lo que indica que en «un 72 % de nuestra superficie el consumo de agua supera el 40 % del agua total disponible».

Esta situación supone que casi la mitad de la superficie española se encuentra en un grave riesgo de desertificación, existiendo estimaciones nada alentadoras que demuestran que a final de siglo alcanzará un 70 % de todo el territorio.

Es por ello que es de vital importancia, la inversión en infraestructuras de regadío, convirtiéndose en una prioridad para prevenir esta problemática, además que brinda la oportunidad de revitalizar el sector agrícola aumentando en 3.8 % de PIB.