El Convenio de Aarhus, transparencia, democracia y justicia medioambiental desde la participación del ciudadano, fue elaborado por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, el cual está basado en el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

En el momento en el que se asegura un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en hechos que son trascendentales que tienen una repercusión única y exclusivamente en la forma en que ellos viven, entonces, los ciudadanos podrán tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente.

Con ello se logrará la sensibilización del público respecto a problemas medioambientales, otorgando la capacidad de expresar sus preocupaciones y a su vez ayudan a las autoridades competentes a que sean tomadas en consideración.

En este sentido, se favorecerá el respeto del principio de «la obligación de rendir cuentas y la transparencia del proceso de toma de decisiones y se garantiza un mayor apoyo del público a las decisiones adoptadas sobre el medio ambiente…»

Este Convenio fue elaborado y firmado en la ciudad de Aarhus, Dinamarca el 25 de junio de 1998, y parte del hecho de que «los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados».

Todo esto se encuentra establecido en el preámbulo de la Ley 27/2006 de 18 de julio donde se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y se transponen las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE

El Convenio de Aarhus se basa en tres pilares fundamentales, el primero de ellos es el Derecho de acceso a la información medioambiental, entendiéndose como el derecho que tienen los ciudadanos tanto de buscar y de obtener la información que se encuentre en poder de las autoridades públicas, como a recibir la información ambientalmente relevante por parte de autoridades gubernamentales.

El segundo pilar es el derecho a la participación en la gestión del medio ambiente, contemplando el derecho público a participar en el proceso de toma de decisiones relativas a la autorización de cualquier actividad y proyecto, además de la aprobación de planes y programas y finalmente en la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario.

Y por último tenemos el principio al derecho a una tutela judicial efectiva en materia de medio ambiente, en ella están suscritos a garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales con la finalidad de revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia ambiental les reconoce el citado Convenio.

También está establecido en este principio, el derecho que tienen los ciudadanos en solicitar la revisión de actos públicos, debiendo instrumentar cada una de las medidas legales y económicas que sean necesarias, para su revisión.