España ha incumplido con la meta de reducción de residuos sólidos, siendo presentada una denuncia ante la Comisión Europea por un total de 16 organizaciones cívicas, ecologistas y de prevención de residuos, donde muestran evidencia de que el país no ha cumplido con lo establecido en la legislación europea.

Según los últimos datos presentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «en el 2018 el reciclado se situó en un 35 %», lo que significa que está lejos de la meta establecida por la directiva europea y la ley de residuos española en el 2011, donde la misma obliga a España a preparar un 50 % de los desechos para su reutilización y reciclado en 2020.

Dentro de las 16 organizaciones que se proclamaron ante esta situación, se pueden mencionar Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Fundación Rezero (dedicada a la prevención de los desechos), GOB, CEPA, Retorna o el sindicato USO.

Representantes de estos grupos mencionan que «las cifras alcanzadas hasta el día de hoy no sólo son insuficientes, sino que han venido empeorando en los últimos años, sin tomar en consideración que el estado español no ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión Europea ha recomendado».

Asimismo, se evidencia que para el año 2019 el dato de reciclaje se colocó una décima por debajo del dato reportado para el 2018, siendo de 34.7 %, según estimaciones realizadas por Eurostat, observando que existe una tendencia a la baja.

Señalan que España ha sido incapaz de alcanzar un 50 % de reciclaje, debido a que no han aplicado las medidas reclamadas por la Unión Europea, lo que de alguna manera hace que las proyecciones realizadas sigan disminuyendo, comprometiendo de alguna forma a la ciudadanía de todas las regiones.

Puede que existan diversas causas de porque no se ha cumplido la meta, pero entendiendo la situación y poniendo todo en contexto, dos de las principales y que más afectan son la falta de recogida selectiva de la materia orgánica y ausencia de tasas para disuadir y penalizar el vertido o la incineración.

Debería de aplicarse tasas en vertederos e incineradoras siendo un instrumento disuasorio que ayude a desviar los desechos hacia su reciclado o reutilización, ya que verter o quemar desechos es muy económico, con lo cual no se está incentivando su reciclado.

Adriana Espinosa, representante de Amigos de la Tierra declara que «esta nefasta gestión de residuos, no consiste solo en un derroche de recursos naturales en un contexto de escasez de materias primas, sino que también supone la masiva contaminación de los suelos y el aire, además de un riesgo para la salud humana y la lucha contra la crisis climática».

Por su parte, el Ministerio de para la Transición Ecológica ha emitido su respuesta a la demanda planteada admitiendo que «España arrastra un déficit de inversión en materia de residuos, aunque no hay que olvidar que se trata de una competencia autonómica y municipal».

Es por ello que «las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se transferirán irán destinados a la gestión de los residuos municipales, en línea con las prioridades que ha marcado la Comisión Europea para conseguir los objetivos en materia de residuos», así explicó el ministerio.