España debe de mejorar los esfuerzos en la fiscalidad verde, debido a que no se han obtenido los resultados esperados con el aumento de los impuestos a prácticas y sectores contaminantes, ahora hay que priorizar con el proyecto de Ley de Presupuestos, nuevas políticas protectoras del medio ambiente y así lograr reducir la brecha con el resto de Europa.

Como se esperaba el Ejecutivo renunció a las medidas planteadas, lo que generó mucha controversia, ya que no obtuvo apoyo a sus cuentas del PNV donde aspiraba recaudar un total de 500 millones de euros.

Por su parte, el economista Xavier Labandeira, director de Think Tank Economics for Energy expresa que «el campo que requiere más acción y esfuerzo es el transporte en la descarbonización».

Labandeira sostiene que «era el momento para mantener esa propuesta porque se daban todas las circunstancias: un desfase muy grande frente a nuestro entorno y un precio del petróleo bajo». Además de que los impuestos energéticos son estrictamente fundamentales y necesarios al ser esta actividad la causa principal de los problemas medioambientales.

En este sentido, el economista se muestra preocupado por la situación e insiste en la real necesidad de corregir la fiscalidad actual tanto en términos recaudatorios como de PIB, asegurando que «cuanto más retrasemos esta medida, las acciones futuras van a ser más intensas, más fuertes, y los costes económicos y sociales serán mayores».

Por ejemplo, se tiene que la presión fiscal medioambiental de España es de tan solo 5.6 %, lo que resulta poco si la comparamos con el resto de la Unión Europea que se sitúa en el 6 %.

Asimismo, Fernando Ferrando, el actual presidente de la Fundación Renovables, señala que «a día de hoy no existe una política fiscal, ni activa ni verde; queda mucho trabajo por delante», por lo que no hay un acompañamiento de la Ley de Presupuestos, ni ninguna intención política para la modificación de la misma en materia de fiscalidad verde.

En contraposición si existen dos propuestas que aún se mantienen alineadas a las recomendaciones elaboradas por la Unión Europea, la primera de ellas es el gravamen sobre envases y embalajes de plástico no reutilizable, esperando obtener 724 millones de euros y el segundo el relacionado con los residuos en vertederos e incineración de los mismos, donde se estima que se tendrán unos 861 millones de euros.

La entrada en vigor dependerá de la aprobación previa, donde la directiva comunitaria comience la lucha contra el cambio climático, de esta manera los expertos opinan que se debería descartar la aplicación retroactiva, ya que esto pudiera traer dudas sobre la constitucionalidad del documento.

EsPlásticos rechaza la medida por ser «discriminatoria frente a otros materiales; desproporcionada al penalizar sin modificar comportamientos; injusta, precipitada, que no repercutirá en la mejora ambiental y que perjudica al consumidor».

Según Luis Cediel, explica que se pondrá en peligro un sector clave en un momento de crisis, esta situación conlleva a la destrucción de unos 30 000 empleos directos y la pérdida de competitividad de España frente a otros países.

Si se están valorando positivamente los impuestos a los vertidos e incineración, también deberían buscar alternativas al de los plásticos, debido a que si se aprueban ambos impuestos se estaría gravando hasta tres veces un mismo producto.

Presentar una Ley de Fiscalidad Verde como herramienta activa podría ser un elemento clave para cumplir con los objetivos planteados en el Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno, considerando ser neutros en emisiones para el 2050 y aplicar el principio legal de ‘quien contamina, paga’.