Las presas y embalses ya cuentan con Real Decreto para mejorar su seguridad, donde el Gobierno establece las exigencias mínimas, graduándolos por tamaño y por los daños potenciales que puedan ocasionar aguas abajo.

Este nuevo reglamento busca acabar con la doble normativa vigente, además que determina los estudios, comprobaciones y actuaciones que el titular debe efectuar en cada una de las fases de vida de la presa.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses, que viene como propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En el documento se establecen tres nuevas Normas Técnicas de Seguridad, la primera relativa a la clasificación de presas y embalses, y la elaboración e implantación de sus planes de emergencia.

La segunda, es la norma para determinar los requisitos exigibles para el proyecto, construcción y puesta en carga de las presas y el llenado de los embalses, siendo esta de carácter obligatoria a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, para la redacción de nuevos proyectos y servirá de marco de referencia obligatorio para las presas en explotación, junto al historial de comportamiento de las mismas.

Y la tercera y última, es la que se refiere a la sobre explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de las presas, lo cual obliga a que todas estas infraestructuras dispongan del manual de Normas de Explotación.

Con la aprobación de este Real Decreto, se cumple con lo establecido en el artículo 364 del anterior Real Decreto en el cual se debe de aprobar el Reglamento del Dominio Público Hidráulico estableciendo la necesidad de que las Normas Técnicas de Seguridad sean aprobadas por Real Decreto.

Con la aprobación de este Real Decreto, quedan sin efecto las instrucciones establecidas en 1967, donde se regulaba la construcción y explotación de las grandes presas particulares además del Reglamento Técnico de 1996 que estipulaba los parámetros de seguridad de las presas estatales.

Lo que supone la unificación de toda la normativa en vigor y se acaba de una vez con la situación de transitoriedad en la que coexistían los anteriores reglamentos, que imponían distintas exigencias y requisitos de seguridad.

En este sentido, la nueva norma se aplicará tanto a las presas catalogadas grandes, con alturas mayores a los 15 metros o a las que tienen entre 10 y 15 metros con almacenamiento de más de 1 hora por cada m3 de agua, como a las que no son catalogadas como grandes, pero han sido clasificadas como A ó B.

Estas últimas son todas aquellas presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pudiese afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, y también aquéllas susceptibles de ocasionar daños materiales o ambientales importantes.

En definitiva, las tres nuevas normas contempladas en el Real Decreto abarcan todos los requisitos de seguridad que se requieren durante todas las fases de vida útil de las presas.

Por consiguiente, «las titulares de las presas tendrán a su disposición un catálogo completo de procedimientos a seguir para garantizar la seguridad de la presa no sólo durante los primeros tiempos de explotación, sino, durante la vigencia de la concesión y también en el momento el que se revierta a la administración, una vez extinguido el período de operatividad».