El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, proyecto impulsado por la Fundació ENT, ha publicado una investigación que tuvo como objeto las tasas de residuos en 125 municipios, entre los cuales se cuentan capitales de provincia, y ha determinado que la gestión ha evolucionado muy lentamente y no cumple con las metas fijadas por la Comisión Europea.

Alex Terrén, Pablo Pellicer, Marc Iriani, Ignasi Puig y Sergio Sastre conformaron el equipo de esta investigación, que también se ha desarrollado en los años 2015, 2018 y 2019. Con los datos obtenidos, han determinado que el crecimiento no ha sido el ideal, y consideran que las tasas de residuos pueden optimizarse para ofrecer incentivos a la baja generación y al reciclaje.

Las cuotas fijas en un 47 % de los municipios estudiados y la ausencia general de criterios ambientales en el resto, que aplica otras modalidades, son señaladas como algunas de las trabas para dar cumplimiento a las directrices comunitarias. Destacan que con las tasas fijas no hay incentivos al reciclaje y a la reducción de desechos generados, ya que quienes practican estas actividades terminan subvencionando a quienes continúan produciendo enormes masas de desechos. La implementación del pago por generación podría ayudar, sin embargo, esta práctica cada vez más común en Europa tiene muy poco empuje en España.

La falta de un porcentaje fijado para todos los municipios en favor de un marco legal que otorga a cada uno la facultad de decidir de forma autónoma sus tasas y el uso que harán de ellas causa que las cuotas sean heterogéneas, lo que a su vez entorpece un desarrollo idóneo en la gestión de desechos, cuyo coste en promedio se eleva a los 90,2 euros por domicilio.
Según el análisis, una de las vías ideales para avanzar en el manejo de desechos sería establecer una relación entre el coste y la generación, de modo que económicamente se pueda incentivar a la ciudadanía a reciclar y separar los residuos, entre otras prácticas que tengan como fin minimizar el impacto al medio ambiente mediante la acción ciudadana, impulsada a su vez por una unión de voluntades por parte de las administraciones municipales.